En el Salmón Summit 2025, los tres principales candidatos presidenciales compartieron sus posturas sobre la controvertida legislación, anticipando posibles reformas en el próximo gobierno.
Planteó que muchas solicitudes de ECMPO en regiones como Los Ríos, Los Lagos y Aysén responden a una “instrumentalización” del mecanismo, y propuso una estrategia de confrontación desde las regiones: “Vamos a vetar todas esas solicitudes que están pendientes gracias a la Ley Lafkenche. Restituiremos el poder de decisión a las comisiones regionales de uso del borde costero y aplicaremos, sin más dilación, el dictamen de Contraloría que habilita ese veto”.
Más adelante, recordó haber apoyado la ley originalmente, pero cuestionó su uso actual: “Voté a favor de la Ley Lafkenche pensando que ustedes la iban a respetar y que las ONG no se iban a aprovechar. Pero abusaron. Hoy día hay miles de hectáreas pedidas por una comunidad de diez personas, y con eso se bloquea toda posibilidad de desarrollo. Eso hay que pararlo”.
Kast señaló que su eventual gobierno impulsará una agenda de desregulación, rebaja de impuestos y recorte del gasto político, como base para reactivar sectores productivos como la salmonicultura.
“Para cultivar los salmones que se están cultivando hoy día se ocupan solamente 4.120 hectáreas de mar. Mientras tanto, con la Ley Lafkenche, se están pidiendo 3.900.000 hectáreas. Es decir, los salmones ocupan más o menos el uno por mil de lo que se está pidiendo (...). Y mientras tanto, todo parado. Ahí claramente hay un abuso flagrante”, afirmó.
Matthei subrayó que la paralización de proyectos afecta a la salmonicultura, la pesca artesanal y la mitilicultura, por lo que cualquier reforma debe considerar a todos los sectores costeros: “Tiene que incluir también a los pescadores artesanales, a quienes cultivan choritos, y a todos los demás actores que se ven afectados”.
En esa línea, defendió el Plan Salmón 2050 como una estrategia de desarrollo con enfoque regional y criticó el centralismo en la toma de decisiones: “No permitan que Santiago, que el Ministerio de Medio Ambiente, que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y que las ONG le destruyan su futuro”.
Cerró reafirmando su respaldo a la industria, con una regulación más racional y decisiones tomadas desde el territorio, no desde “burócratas en Santiago”.
“Tenemos que revisar urgente la proporcionalidad entre el tamaño de la comunidad y el monto del pedimento (...). Y podríamos introducir una norma que obligue a que el plan de manejo y el pedimento se introduzcan de conjunto, para mayor certeza de todos”, planteó frente a la interpelación directa de Kast.
Rechazó el tono confrontacional de sus rivales: “Sí revisemos lo que haya que revisar, pero con diálogo, no por la fuerza. No hablando de chantaje”.
Jara recordó que durante su gestión como ministra impulsó acuerdos tripartitos con gremios y sindicatos, como en la Ley del Buzo, y remarcó la importancia de avanzar con participación y criterios técnicos.
Con algo de ironía, respondió a Kast: “No sabía que habías votado a favor de la Ley Lafkenche. Qué buen gesto de transparencia. Ahora, yo nunca la he ocupado. Tú me dijiste que la había usado yo. Pero yo no soy Lafkenche, soy Jeannette Jara. Igual soy chilena, sí, pero no soy Lafkenche”.
Concluyó destacando la necesidad de fortalecer las capacidades regionales para asumir decisiones sobre el borde costero, sin desmantelar regulaciones necesarias para la protección ambiental y cultural.